El Partido Pirata llega a las grandes ligas de la política global. La organización que busca el libre intercambio de archivos y acotar los derechos de autor en internet logró sentar en el Europarlamento a Christian Engström, un sueco que cosechó 215 mil votos en su país. Con 50 mil afiliados, se multiplica en Europa, Estados Unidos y la Argentina, donde hay proyectos para implementar software libre en la administración pública y diversas iniciativas para que se desprocese a los “piratas” domésticos.
“Los partidos existentes han fracasado en la tarea de desarrollar políticas sensatas para la naciente sociedad de la información. En vez de aprovechar las fantásticas posibilidades de internet, quieren usar la nueva tecnología para crear un Estado de vigilancia en el que el gobierno tenga más control sobre la vida cotidiana de los ciudadanos”, resumió Engström ante el diario El País. Su partido se gestó cuando Suecia aprobó leyes que buscaban controlar la información en la red. El creador, Rickard Falkvinge, advirtió que “ningún gobierno puede llegar a decretar que cada pieza de comunicación privada, y más aún en el futuro, es ilegal”.
El flamante diputado ejemplificó la situación con el caso de la industria musical, donde antes “la gente compraba discos y la mayoría del dinero iba a parar a las compañías discográficas”. Pero ahora la venta de discos cayó a la mitad y el usuario tiene más plata disponible, que “gasta en acudir a grandes conciertos o a escuchar bandas en un pub. Y todo esto es fantástico para los artistas, porque el típico acuerdo de un (convenio) directo es repartir al 50% los beneficios entre los artistas y los gestores”. Engström sabe que el intercambio “quizá está perjudicando a las discográficas, pero es absolutamente fantástico para los artistas” y es 100% pragmático: “La gente sólo paga si se le ofrece algo por lo que esté dispuesta a pagar. Y, hoy en día, la copia masiva es un hecho”. Su partido busca acotar los derechos de copyright a cinco años y pide que sea totalmente legal el intercambio de archivos sin finalidad comercial.
Aunque todavía están lejos de la formalización partidaria, los piratas también se organizan en la Argentina. Su sección porteña tiene 50 miembros y ya trabaja contra el canon digital, un proyecto de Daniel Filmus. Eduardo González, secretario general del partido, dijo a la revista Veintitrés que esa iniciativa “implicaría un aumento en el precio de cualquier dispositivo digital capaz de grabar, almacenar o reproducir”. También mencionó un proyecto de la CAPIF para sancionar una ley que implica la formación de un organismo de control a la descarga de material desde internet. A la tercera advertencia que recibe el descargador compulsivo, se le corta el servicio. González desconfía de los partidos tradicionales y explicitó sus espantos en el sitio Realpolitik: “Si el PRO es un partido que me habla de la república, el ARI me habla de que somos iguales y el justicialismo me habla de justicia, yo prefiero ser todo lo contrario”.
Beatriz Busaniche, secretaria de la Fundación Vía Libre, cree que “el auge del Partido Pirata está en parte montado a una estrategia de marketing”, pero también reconoce que “si esto lleva a la opinión pública una lucha que organizaciones como la nuestra tienen hace muchos años, bienvenido sea”. Esa lucha tiene un enemigo común, la ley 11.723, “una de las más represivas en cuanto a distribución de cultura, donde cualquiera que alguna vez haya bajado una canción es un delincuente”. Para ella, la norma parte de una idea errónea: la libertad de compartir cultura es la excepción, no la regla. Es que “sólo contempla modos de apropiación privados, donde no hay excepciones educativas (la única situación que exime el pago de regalías a Sadaic es un acto escolar) y pone en riesgo el trabajo documental en bibliotecas. Digitalizar es copiar, en consecuencia, un delito”.
La revista Rolling Stone reveló el año pasado que casi cien usuarios argentinos ya recibieron cartas documento de hasta 12 mil pesos por bajar y compartir música online. Entre los casos de persecución injustificada, Busaniche cita el de un grupo de alumnos de Filosofía y Letras que debieron bajar de la web una biblioteca de apuntes y el embargo de 40 mil pesos a Horacio Potel, un profesor de filosofía que publicó textos –casi imposibles de conseguir en la Argentina– de Jacques Derrida y Martin Heidegger.
Sin embargo, la funcionaria de Vía Libre es optimista y asegura que muchos legisladores están a favor del software libre en el Estado, con proyectos presentados por los legisladores Eduardo Macaluse y Martín Hourest. Y en su reciente visita a la Argentina, Richard Stallman –el mayor referente mundial del movimiento de software libre– se reunió con Pino Solanas. Fiel a su retórica, Solanas confiesa “una enorme simpatía por el movimiento y la cuña que pudo meter en el corazón imperial” y adelanta la posición que defenderá en el nuevo Congreso: “Lo que está en la red está en la red. Hay que democratizar las autopistas informáticas. La propiedad privada sobre la cultura y el conocimiento me parece atroz”.
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Etiquetas: activismo, Software libre
