Reporteros sin Fronteras expresa su gran preocupación respecto a la próxima conclusión de un posible tratado ACTA (anti-counterfeiting trade agreement), cuyas medidas representan un auténtico peligro para la libertad de expresión en Internet, a pesar del objetivo del proyecto de luchar contra la piratería y la falsificación de las obras protegidas por los derechos de autor. El próximo encuentro entre sus organizadores se desarrollará del 26 al 28 de enero de 2010 en México.
Las negociaciones tienen lugar actualmente de manera confidencial entre treinta y nueve Estados entre los cuales contamos con Australia, Marruecos, México, Francia, la Unión Europea y Estados Unidos, sin concertar con las ONG y la sociedad civil. El Parlamento Europeo ni siquiera tuvo acceso a los documentos. Lamentamos mucho que estos encuentros, que pueden tener fuertes incidencias sobre una libertad fundamental tal como la libertad de expresión, se mantengan al margen del debate democrático. Esta exigencia de transparencia en la materia no se puede negociar ni tampoco someter a unos imperativos económicos.
Reporteros sin Fronteras pide a los miembros de la Unión Europea y a los demás gobiernos que den explicaciones acerca de las medidas que pondrían en grave peligro la libertad de expresión en Internet:
Prohibición de los recursos para evitar filtros o bloqueos que impedirían que los ciudadanos esquivasen la censura en Irán o en China por ejemplo;
Corte de Internet y por lo tanto limitación del acceso a la información a pesar de que el hecho de sancionar a los que descargan no impedirá nunca la falsificación en sí;
Establecimiento de un filtro automático, una limitación de la libertad de expresión, que, sin intervención de un juez, es ilegal.
Ver y firmar la carta abierta al Parlamento Europeo firmada por la Quadrature du Net, Reporteros sin Fronteras, Electric Frontier Foundation y unas treinta organizaciones más: http://www.laquadrature.net/en/acta-a-global-threat-to-freedoms-open-letter
ACTA: amenaza global de las libertades Carta abierta El Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA por su siglas en inglés, Anti-Counterfeiting Trade Agreement) es un amplio tratado intergubernamental que se está negociando en estos momentos y que incluye espectos muy diversos: desde cuestiones sociales esenciales relativas al acceso a los medicamentos[1], hasta la regulación penal de la Internet. Tememos que el ACTA perjudique seriamente la innovación europea en el mercado único digital y que atente contra las libertades fundamentales y la democracia en su conjunto. El propio proceso de negociación suscita importantes cuestionamientos respecto a su transparencia y al respeto de los procesos democráticos, ya que el contenido del proyecto ha sido mantenido en secreto desde hace más de 18 meses, aunque ciertos detalles de las propuestas se han filtrado. Resulta aún más inquietante que, mientras que se ha negado al Parlamento Europeo el acceso a los documentos, la industria estadounidense ha accedido a ellos, previa firma de acuerdos de no divulgación. Un análisis reciente de la Comisión Europea[2], que hace referencia al capítulo del ACTA dedicado a la Internet, muestra que las cuestiones que se discuten van más allá del derecho comunitario. El análisis de la comisión confirma que el actual documento de trabajo del ACTA restringirá en gran medida los derechos y las libertades de la ciudadanía europea, en especial afectará la libertad de expresión y la protección de las comunicaciones privadas. Estos derechos y libertades están gravemente amenazados puesto que el proyecto impulsa la adopción de dispositivos de “respuesta gradual” [three-strikes schemes] y de filtración de contenidos, intentando deslindar la responsabilidad civil y penal sobre los intermediarios técnicos, como los proveedores de servicios de Internet. De la misma manera, el texto podría afectar radicalmente el ejercicio de a interoperabilidad, que es esencial tanto en lo aue se refiere a los derechos de los consumidores, como a la competitividad. Por estas razones solicitamos al Parlamento que inste a los negociadores europeos a procurar la transparencia del proceso de negociación mediante la publicación del proyecto del acuerdo, así como a rechazar una propuesta que perjudique los derechos y las libertades de la ciudadanía. Además, exhortamos al Parlamento a que señale firmemente a la comisión y al consejo que todo acuerdo que no respete estos principios fundamentales obligaría al Parlamento a rechazar el texto en su conjunto.
Fuente: www.rsf.org
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