Las descargas no reguladas son un problema para la industria -de la música, el cine o editorial-, no porque se nos quiera proporcionar un sistema legal de descargas con un precio ajustado a la nueva realidad de Internet, sino porque frenan la venta de algo que cada día menos usuarios quieren adquirir: plástico, metal y papel. Si no se detiene la sangría en la red, no se podrá continuar dando salida a estos productos y alimentando la cadena de intermediarios que subsiste gracias a ellos. El problema no es la ausencia de sistemas alternativos a las descargas -ahí están iTunes o Spotify, legales- sino que los márgenes de beneficios en la era digital dejan poco o nulo espacio para intermediarios y claro, al final del cuento de los nuevos formatos, las cuentas nunca salen y los malos -los consumidores- siempre ganan.
No tengo ninguna duda de que si la industria musical hubiese tenido la oportunidad de patentar el MP3 hace diez años, no habríamos conocido este formato hasta 2030. A ninguna industria, por definición, puede interesarle un avance tecnológico que de la noche a la mañana convierte en obsoleto su producto; es tan de cajón, que todas las patentes para la elaboración de biocarburantes durmieron en el cajón de las petroleras durante décadas. Cuando compramos un CD, un DVD o un libro en una tienda, la cadena de intermediarios que lo hace posible es infinitamente mayor a la que interviene cuando realizamos una descarga en la red, donde desaparecen casi todos estos actores. Si como empresario no estás dispuesto a aceptar el nuevo entorno y a cobrar veinte céntimos de euro por la misma obra por la que antes reclamabas veinte euros, probablemente reunirás a todos los integrantes de la cadena para exigir a los dirigentes que te defiendan de los malvados compradores, que se niegan a continuar pagando veinte euros por servicios indirectos que ya no necesitan.
La propiedad intelectual es intocable, está fuera de toda duda. Nadie con un mínimo de sentido común defenderá que todo es de todos o que cualquier creación deba cederse a la Humanidad de forma gratuita desde su gestación. El creador de una obra tiene las mismas necesidades y los mismos derechos que cualquier consumidor; las mismas necesidades que tienen el clasificador de cartas y el repartidor. El problema surge cuando el correo electrónico desplaza parcialmente al postal y los responsables de la empresa de correos pretenden que sigamos enviando cartas ordinarias, que alguien pague la diferencia entre lo que facturaban y lo que ahora facturan y, en extremo, que se limite el uso del nuevo invento para que nos veamos obligados a seguir comprando sellos.
Los jueces llevan una década repitiendo a los representantes de los creadores que compartir en la red, cuando no media ánimo de lucro, es tan legal como prestar un libro al vecino. Ahora aquéllos quieren reescribir el cuento por la puerta trasera, prescindiendo de los jueces y nombrando una comisión ministerial que determine qué es delito y qué no lo es, o cuándo se debe cerrar una web. Todas las sentencias desfavorables a sus intereses son papel mojado para estos adalides de la cultura -del pelotazo-. Todo vale con tal de que seguir vendiéndonos lo que ya no queremos comprar y al precio que ellos estiman oportuno. Si para continuar medrando hay que poner sobre el tapete la propia esencia de la red, algunos derechos fundamentales o la presunción de inocencia, se pondrán. Ellos, sin duda, saben mucho más que nosotros y que los propios jueces sobre la Justicia.
Fuente: www.abc.es
