La Cámara de Diputados ha convertido en ley un proyecto que prolonga de 50 a 70 años los derechos de las compañías discográficas sobre los discos que alguna vez editaron. Y es una pena que el Congreso a veces no tenga información clara y real sobre lo que trata, porque esta ley sólo protege a las grandes compañías discográficas para que puedan seguir manipulando a su antojo centenares de álbumes de diversos géneros. Albumes que, en la mayoría de los casos, están bajo un contrato leonino en el que el artista no tiene la menor posibilidad de ver respetada su obra y mucho menos de percibir los derechos reales que le corresponden.

El artista siempre es perjudicado a través del tiempo. Cuando no aparecen reediciones de sus trabajos creativos, pierde de cobrar sus royalties discográficos. Si es autor, también se debilita el cobro de sus ingresos autorales. Pero lo más grave es que, en algunos casos, ha ocurrido que el manipuleo sobre la no edición de una obra es lo más parecido que hay al término “que te borren del mapa”.

Pensemos: el artista no tiene disco para trabajar, tampoco lo tiene para que siga vigente su obra, y si llega a reclamar que lo liberen, tampoco le permiten publicar su trabajo. Ni siquiera digo, a estar altura, pedirles que te devuelvan un master: aquí se trata de una verdadera Máquina de la Inconveniencia.

Puedo citar detalles de mi caso personal: a mis 17 años firmé contrato con la legendaria RCA como integrante de mi grupo de adolescencia, Los Gatos. Hasta hoy esos álbumes llevan vendidas millones de copias. Pero nunca podremos saber exactamente el número, porque la compañía discográfica, que sub-edita a través de casas sucursales que tiene por todo el mundo, jamás hace una rendición de cuentas fuera de tu país de origen. Tengo ediciones de mis discos en Estados Unidos, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Chile, Costa Rica, Brasil… Y, de este modo, jamás he cobrado un centavo. Los Gatos éramos número 1 en ventas en casi toda América latina. Lo mismo pasó con mis primeros discos como solista. Hay canciones que han estado varias semanas en los primeros puestos de otros países, y jamás me las liquidaron.

Mientras va transcurriendo el contrato leonino que firmó, uno siempre está ocupado y entusiasmado con el siguiente disco, y piensa que finalmente todo se va a solucionar. Por eso no se litiga oportunamente. Además, ¿cómo desconfiar de la gente que está tan interesada en nuestra música? Pero cuando el contrato termina, y uno queda libre de grabar para esa compañía, es cuando comienza el mayor atropello.

Cuidado: estoy refiriéndome exclusivamente a hechos que ocurren en el ambiente de nuestro país. En Estados Unidos, cuando algunos artistas terminan su contrato, la compañía sigue permanentemente reeditando su obra y cuidándola. Ni qué hablar si es un artista que continúa en total actividad: sigue manteniendo relación con la compañía anterior, sencillamente porque el cuidado del material grabado es algo que les compete y conviene a ambos.

En nuestro país hay un anecdotario lleno de historias donde un gran artista, uno de esos que le ha hecho ganar muchísimo dinero a la discográfica (y soy uno de ellos), trata de comunicarse con la compañía para una consulta o reunión, y ni siquiera lo atiende la secretaria de algún ejecutivo. Terminado el contrato, hay un cese de relaciones. Entonces comienzan a ocurrir atrocidades como cambios de portadas, equivocaciones en los créditos, mala masterización de los álbumes, hasta llegar a un par de sucesos que me parece bueno contar.

Varios años atrás, la compañía que tiene derechos sobre los discos de Los Gatos publicó un casete de regalo dentro de una caja de las hamburguesas Paty, que se vendía exclusivamente en los grandes supermercados. Así como lo están leyendo. Lógicamente incluía el tema “La balsa”… O sea que no sólo se hartaron de ganar dinero, y mal pagarnos derechos durante 40 años, ¡sino que ahora hacen un negocio hasta con las carnicerías!

Luego de esto, durante un verano de esos en que ya no saben qué inventar para vender boludeces en la playa, publicaron un CD remix de temas clásicos de los años ’60. No podía faltar nuevamente “La balsa”. Esta vez a nuestra grabación original le sumaron pitos y matracas, gente haciendo algarabía y una cantidad de basura que es una falta de respeto para una grabación que es un hito para la historia de la música popular argentina.

¿Existe alguna ley en nuestro país que pueda corregir o no permitir que sucedan este tipo de cosas? Por supuesto que no.

¿Qué desearíamos más los artistas que el hecho de que la vieja compañía discográfica donde registramos nuestros primeros éxitos sea la que siga desarrollando el material (con un contrato legal y razonable), y en el caso de artistas con larga trayectoria, llegar a un acuerdo donde el paso del tiempo y los cambios tecnológicos de los productos no terminen resultándonos perjudiciales?

Muchas veces en reportajes me preguntan qué pienso de la piratería y por supuesto que no estoy de acuerdo con eso, ni con nada que signifique robar. Pero, ¿cuál es mi lugar como artista, cuando por un disco que se vende de Los Gatos percibo cuatro centavos? La piratería no me hace nada, si sólo pierdo 4 céntimos…

Cuando estábamos a punto de celebrar el 40º aniversario de nuestro grupo y de la grabación de “La balsa”, mantuve reuniones con ejecutivos de la compañía que tiene el derecho de explotación (nunca mejor usado este término) de nuestros discos. Asistí con la propuesta de revisar ese tramposo contrato que firmé a mis 17 años. Lógicamente nunca nos pusimos de acuerdo. ¿Cómo ponerse de acuerdo con gente que desprecia la música?

Fuente: www.pagina12.com.ar

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Patricio Lorente, Presidente de Wikimedia Argentina, dijo que “es una lástima que se legisle este tipo de extensiones sin discutir los impactos que esto tiene sobre nuestro acervo cultural. Quienes construimos voluntariamente proyectos tales como la famosa enciclopedia libre Wikipedia, tendremos ahora una dificultad extra no sólo por la reducción de los materiales disponibles para los proyectos sino porque buena parte de los trabajos en dominio público que ya forman parte de proyectos libres como Wikimedia Commons, volverán al dominio privado y dejarán de estar disponibles en la red”. “Primero nos tomamos el trabajo de ponerlos a disposición pública y ahora tendremos que trabajar para retirarlos” agregó el wikipedista.

“Subyace a este proyecto la idea de que el dominio público es tierra de nadie” explica Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, y agrega que “esto es una idea totalmente errada: el dominio público es nuestro acervo cultural, el espacio donde ya nadie puede impedir a otros el acceso a la cultura, independientemente de que se pueda pagar o no por ella”.

“Hay quienes confunden el dominio público con el olvido de los autores. Nada más alejado de la realidad. Los derechos morales sobre las obras son para siempre y no existe mejor manera de preservarlos que haciéndolos populares y accesibles a todas las personas, no sólo aquellas que pueden pagarle a los herederos de los autores, los derechos de reproducción” expuso Román Gelbort, presidente de la Asociación Civil Gleducar.

El colectivo La Tribu también participa de esta acción. Desde la Radio ubicada en la calle Lambaré, enfatizan que “este proyecto que pasó sorprendentemente rápido por todos los canales legislativos merece como mínimo un poco más de discusión, ya que se trata de un proceso privatizador sobre lo que es nuestro espacio cultural común”.

Con este proyecto, los legisladores argentinos van a contramano de compromisos asumidos por el país en foros internacionales como la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, en cuyos principios se rescata que “Un dominio público rico es un factor esencial del crecimiento de la Sociedad de la Información, ya que genera ventajas múltiples tales como un público instruido, nuevos empleos, innovación, oportunidades comerciales y el avance de las ciencias. La información del dominio público debe ser fácilmente accesible en apoyo de la Sociedad de la Información, y debe estar protegida de toda apropiación indebida .”

Matías Lennie, músico de RedPanal, un proyecto de construcción colaborativa de música libre, remarca justamente el efecto retrógrado de esta iniciativa desde el mismo campo de la música. “Deberíamos pensar cómo fortalecer la cultura popular y hacer que las nuevas generaciones se empapen de la riqueza de nuestra sonoridad argentina y latinoamericana. Este proyecto es retardatario, porque va en contra de eso” explica el músico. “Existe una función social de la música que la transforma en un bien no factible de ser apropiado por unos pocos, confundir el lobby de la industria discográfica con mecanismos de fomento de la cultura es un problema, ya que en la era digital, existen innumerables esquemas superadores que deberíamos explorar y fomentar”.

El proyecto de Ley S3030/09 se aprobó sobre tablas en el Senado hace muy pocos días. La perspectiva es que se apruebe, también en un trámite rápido y sin discusión pública alguna en la sesión del miércoles 25 de noviembre en Diputados.

Es seguro que esta ley no nos dará más obras de Mercedes Sosa pero si hará que miles de argentinos pierdan la posibilidad de gozar de su arte. Habrá que esperar 20 años más para distribuir libremente algunas grabaciones de quien se dijo a si misma “mi meta es cantar para la gente del pueblo” , dice la carta entregada a los diputados nacionales por este grupo de organizaciones que defienden el derecho humano a “tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.”.
La carta enviada por las organizaciones está disponible en
http://www.vialibre.org.ar/wp-content/uploads/2009/11/carta.extension.fonogramas.pdf

Las organizaciones firmantes son:

Fundación Vía Libre – Colectivo La Tribu – Asociación Civil Gleducar – Wikimedia Argentina – Gcoop, Cooperativa de Trabajo en Software Libre – RedPanal – Buenos Aires Libre (BAL), – Cooperativa de Trabajo en Tecnologías de la Información y el Conocimiento (COTTIC) – Código Sur.

Para conversar y ampliar esta información, puede contactar a

Beatriz Busaniche. Fundación Vía Libre
info@vialibre.org.ar

Sebastián Vázquez. Colectivo La Tribu
culturalibre@fmlatribu.com

Patricio Lorente. Wikimedia Argentina
correo@wikimedia.org.ar

Matías Lennie. RedPanal
matiaslennie@redpanal.com

Nicolás Echaniz. Buenos Aires Libre
nico@rakar.com

Fuente: www.vialibre.com

Esto significa, en resumidas cuentas, extender el monopolio de los fonogramas por 20 años más que lo que manda la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) . Esto significa también, posponer en 20 años más, la entrada de este acervo cultural en el dominio público.

Sería importante que nuestros legisladores recordaran algunos principios importantes que hacen al bien común que deben defender desde sus bancas. El dominio público no es un mal ni es tierra de nadie: el dominio público es el acervo cultural de una Nación, es aquel espacio en el que ya nadie puede impedir a otros el acceso a la cultura. Para citar sólo algunos elementos importantes reconocidos en Naciones Unidas, la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información , firmada por Argentina en 2003, dice, entre otras cosas que :

(art.26) Un dominio público rico es un factor esencial del crecimiento de la Sociedad de la Información, ya que genera ventajas múltiples tales como un público instruido, nuevos empleos, innovación, oportunidades comerciales y el avance de las ciencias. La información del dominio público debe ser fácilmente accesible en apoyo de la Sociedad de la Información, y debe estar protegida de toda apropiación indebida . Habría que fortalecer las instituciones públicas tales como bibliotecas y archivos, museos, colecciones culturales y otros puntos de acceso comunitario, para promover la preservación de las constancias documentales y el acceso libre y equitativo a la información.

El proyecto de Ley del senador Pichetto va exactamente en el sentido contrario de lo que los países firmantes de esta declaración fijan como principios para la construcción de Sociedades del Conocimiento inclusivas, democráticas y equitativas.

“Actualmente, la caída en dominio público de los fonogramas está teniendo nociva repercusión en el efectivo ejercicio de los derechos de intérpretes y de productores de la ley 11. 723 (denominada de “Propiedad Intelectual”) y de las Convenciones Internacionales de las que Argentina es parte”, dice el comunicado de CAPIF.

El argumento de que el dominio público perjudica a los artistas tiene nula prueba empírica. Vale decir, como mínimo, que muchos artistas fallecidos como Mercedes Sosa o Atahualpa Yupanqui, difícilmente se vean perjudicados por la difusión de su obra.

Los monopolios sobre la cultura tienen como principio rector el fomento de la producción artística y son una herramienta para ese fin, y no el fin en si mismo. El objetivo esencial es que las sociedades cuenten con un acervo cultural amplio, rico, diverso y accesible para el bien común. No tendremos más obras de Don Atahualpa o de Mercedes Sosa por extender este monopolio. Sin embargo, sabemos fehacientemente que la extensión alejará aún más a miles de personas del goce de su arte.

Un reciente documento publicado por el economista principal de la (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Carsten Fink , da cuenta de que en el caso de los derechos de autor, un fortalecimiento de la observancia provoca la expulsión de las personas de la posibilidad de acceder a cultura. En un escenario de mayor regulación y observancia, los que no pueden comprar las obras, simplemente no acceden. Esto significa que la profundización de las leyes de “propiedad intelectual”, lejos de promover el acceso a la cultura, la restringen cada vez más, dejando a más personas fuera del mercado de consumo. El mismo Fink explica en el trabajo publicado a principios de noviembre que cuando una ley no sirve al bien público, no debe ser violada, sino cambiada.

Es claro que el proyecto del senador Pichetto tiene buenas intenciones y está plagado de terminología de legitimación para supuestamente proteger a los artistas nacionales. Sin embargo, cuando se trata de reducir el dominio público a través de la privatización de lo que es considerado un bien común como la cultura, la extensión de los monopolios debe ser excepcional, y como mínimo, puesta a discusión pública más allá de las partes interesadas como la industria o los herederos de artistas fallecidos.

Un estudio publicado recientemente por Times On Line del Reino Unido , indica que la industria de la música está cambiando, pero que los artistas están incrementando sus ingresos con los nuevos modelos de distribución y consumo. Si bien la tasa de venta de discos está en baja (lo que afecta en algún sentido a la industria del disco como tal), los ingresos de los artistas por recitales, sponsoreo, distribución en internet y otros medios de comercialización de su trabajo han ido creciendo a la par de la caída de la venta del soporte CD. El estudio demuestra que ni la distribución por Internet ni el dominio público afectan a los artistas, más bien todo lo contrario y que son las grandes empresas discográficas las que están detrás del fortalecimiento y la observancia de la “propiedad intelectual”.

Muy poco se habla de cómo afecta al bien común la aplicación de mayores restricciones a la cultura: el economista principal de la OMPI lo tiene muy claro, al explicar en su documento sobre observancia, que un sistema más represivo en el campo del derecho de autor excluye a quienes no pueden pagar del acceso y en consecuencia es dañino para el bien común.

Fuente: vialibre.org.ar