Feb 27 2010

Deriva extremista de la Presidencia española hacia el control de Internet

Categoría: derechosadmin @ 03:45

Ley de Economia Sostenible, rien ne va plus.

La Disposicion Final Primera de la LES nos está negando el futuro.

Red SOStenible y La Quadrature du Net denuncian como ayer la presidencia europea española ha dirigido al consejo de la Unión Europea un documento en el que se equiparan a la brocha gorda la pedofilía, la propaganda fundamentalista y xenófoba y la vulneración de la propiedad intelectual.

El documento ha provocado indignación dentro del Consejo por su claro cariz propagandista y por el evidente intento de justificar a nivel europeo, a través de la burda criminalización, las operaciones de apoyo incondicional a los lobbies de la industria cultural que España quiere llevar a cabo dentro de su territorio a través de la DF1 de la LES.

Mientras ayer la ministra de cultura Ángeles González Sinde dejaba caer que “no hay novedades”, indicando asi como ya no hay intencion por parte del gobierno de revisar la redacción de la DF1, Presidencia enviaba al Consejo este documento que, con tonos apocalípicos, habla textualmente de Internet como de un “instrumento de retroceso social” y acaba pidiendo directamente a los países si pueden boquear paginas de Internet.

Según manifiesta el letrado barcelonés Josep Jover, autor de la vía prejudicial europea en tema del Canon Digital y que el próximo día 4 de Marzo llevará al Tribunal de Luxemburgo el caso SGAE/TRAXTORE, “en toda Europa se cuestionan las formas y modos, fuera de toda racionalidad, que se han querido imponer por el gobierno y las entidades de gestión españoles”. Tanto es así que, en un acto nada usual, el propio Tribunal Europeo ha ordenado suspender motu proprio todo procedimiento sobre canon digital.

España ya vivió la Inquisición una vez: oscurantismo y vasallaje

La disposición final primera de la LES nos está negando el futuro.

En los últimos meses, la sociedad civil española, en una masiva prueba de madurez y de inteligencia democrática ha estado trabajando sin cesar para ofrecer al gobierno soluciones y una salida consensuada para fomentar un Internet ético y beneficioso para todos (véase Manifesto y Red SOStenible).

Frente a la grave situación en la que se encuentra el país, vemos con asombro como el gobierno, tras un primer loable esfuerzo de apertura con la primera modficación de la DF1 de la LES, ahora, presa del pánico, repliega hacia los viejos sistemas conocidos e ineficaces de apoyo a las multinacionales mas inmovilistas, devastando las posibilidades de recuperación que ofrecería potenciar de forma inteligente las nuevas opciones ofrecidas por el desarrollo digital e Internet.

Cuando, entre 2006 y 2008, la ciudadania denunciaba masivamente la burbuja inmobiliaria, el gobierno hizo oídos sordos en favor de los lobbies de la construcción. De ahí esta crisis anunciada.

Ahora el respeto y la comprension de las opciones que ofrece Internet como instrumento de progreso social son la salida de la crisis.

El gobierno hacen oídos sordos en favor de los lobbies de la industria cultural.

Además, esta situación latente está precipitada por la invasiva presión por parte de los lobbies privados de la industria de EEUU (la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA que agrupa a Association of American Publishers (AAP), Business Software Alliance (BSA), Entertainment Software Association (ESA), Independent Film & Television Alliance (IFTA), Motion Picture Association of America (MPAA), National Music Publishers’ Association (NMPA) y la Recording Industry Association of America (RIAA) )a través de su recientemente publicado Special 301 Report, un informe que estigmatiza como “pirata” a toda la sociedad española.

Este informe, con un tono paternalista y poco respetuoso de las leyes que riguen nuestro país, como si de una colonia se tratara, indica el camino a seguir: textualmente da la LES por descontada afirmando que es un primer paso y apremia a hacer más.

La actitud de vasallaje del gobierno es particularmente grave por los siguientes motivos:

  • Como refleja de forma muy exhaustiva y documentada un informe de la prestigiosa organización Consumer International, la política estadounidense en este sentido mantiene una doble moral: el rigor que exigen a sus “aliados” no es el mismo que practican en su propio país, ya que la aplicación del “fair use”, vigente en su legislación, permite muchas más excepciones al “copyright” de las que permiten las legislaciones europeas con, por ejemplo, el derecho a copia privada y otros derechos.
  • La industria del entretenimiento made in USA hizo presión a favor del informe 301 para defender su mercado. Pero los intereses de la industria cultural española son justamente que cese el monopolio de la industria americana y que se equilibren las cuotas de mercado.
  • Como queda claro por los recientes acontecimientos, España y Europa no son los interlocutores de EEUU para la recuperación económica, son solo vasallos, mercados. La mirada de EEUU está en Asia.

Ceder a las presiones de los lobbies para complacer a EEUU es sencillamente un suicidio. España, cuya legislación en este momento es la más avanzada de occidente cuanto a posibilidades de desarrollo hacia nuevas formas de copyright, pierde la posiblidad histórica de liderar la transformación europea hacia una nueva economía basada en las opciones del nuevo desarrollo digital y de Internet.

Otros países con más inteligencia en la recuperación como Brasil o Islandia ya lo están haciendo.

La Disposición Final Primera de la LES nos está negando el futuro.

Derechos fundamentales: Derecho a un progreso económico beneficioso para todos y no sólo para multinacionales y lobbies

“Se considera que solamente el “autor”, a saber, el creador, ya sea hombre o mujer, como individuo o como grupo de personas, de producciones científicas, literarias o artísticas(…), pueden ser los beneficiarios de la protección de los “intereses materiales” (Art. 15, párrafo 1 (c),). Bajo los regímenes de protección de los tratados internacionales existentes, las personas jurídicas también están incluidas entre los ostentadores de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, como se puede ver arriba, sus derechos, al ser de diferente naturaleza, no pueden protegerse al nivel de los derechos humanos”.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU [GE.06-40060 (E) 020206)

Es inminente la presentación del informe preliminar de la subcomisión parlamentaria consultiva con respecto a Propiedad Intelectual.

En el redactado en discusión vemos con preocupación como no se dirime la ambigüedad promovida por ciertos sectores de tratar la propiedad intelectual equiparándola con los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Confiamos en el debate que se está llevando a cabo dentro de de la subcomisión, una comisión que representa el espectro del parlamento, para que refleje cuanto está siendo manifestado por parte de la ciudadanía, la Fiscalía, la Comisión Nacional de Competencia, el Supervisor Europeo para la Protección de los Datos e incluso de la ONU entre otros, cuando dicen que la justa y necesaria defensa de los legítimos derechos de los autores puede ser llevada a cabo sin socavar los derechos fundamental.

Confiamos en que los partidos sepan reconducir la problemática hacia un desarrollo beneficioso económica, social y culturalmente para todos dentro del marco de los nuevos retos de la era digital.

En este sentido la ciudadanía está poniendo marcha varias iniciativas.

Red SOStenible reitera que es necesario escuchar a la sociedad civil. La sociedad civil de la era digital tiene los instrumentos para que sus votos no sean desperdiciados y desea una relación con sus diputados de colaboración constante, no cada 4 años.

La ciudadanía digital tiene memoria.

Y es capaz de demostrarlo.

fuente:  red-sostenible.net

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Ene 21 2010

Denuncia contra el Estado español por el monopolio de las entidades de gestión

Categoría: derechosadmin @ 22:46

“El que sabe no habla, el que habla no sabe”

Con esta frase del Tao Te Ching quisiéramos David Bravo y Javier de la Cueva invitar a los ciudadanos a compartir con nosotros una acción jurídica contra el Estado español por vulneración de la normativa comunitaria.

El informe publicado ayer “Sobre la gestión colectiva de los derechos de la propiedad intelectual” de la Comisión Nacional de la Competencia, manifiesta con total rotundidad que España podría estar infringiendo el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por permitir que las entidades de gestión (SGAE, AGEDI, etc.,) realicen una explotación abusiva de su posición dominante. El informe asegura que esto es así porque puede entenderse que es precisamente la Ley de Propiedad Intelectual española “la que hace factible que las entidades de gestión adopten o puedan adoptar de forma reiterada comportamientos abusivos de su posición de dominio”.

Con la intención de que España cese en la conducta presuntamente infractora que se describe en ese informe, hemos redactado la correspondiente denuncia que ponemos a disposición de todos los ciudadanos que quieran sumarse a su interposición.

La invitación a la ciudadanía a participar en acciones legales libres utilizando la Red, nació el 30 de agosto de 2003 cuando se puso a disposición de todos unos procedimientos libremente utilizables. El primero de ellos se dirigió contra el canon en los soportes digitales, hoy pendiente de sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Si bien fueron muchas las voces que se alzaron contra el canon, pocas personas decidieron luchar jurídicamente contra el mismo, a pesar del procedimiento fácil y gratuito del que se disponía.

Posteriormente y tras la sentencia de Ladinamo, nacieron los procedimientos en defensa del Copyleft y somos líderes mundiales en resoluciones favorables. Luego llegaron las webs de enlaces, con la liberación de la nota para la vista de las medidas cautelares contra Sharemula y la liberación que ahora estamos llevando a cabo en favor de nuestros compañeros abogados y sus clientes de los escritos que hemos utilizado en su defensa. Después, vino la contestación de la Revista Cultural Quimera a la demanda de la SGAE que fue utilizada por la defensa de la CNT para obtener una sentencia absolutoria en la demanda que le interpuso tal entidad.

El método ha demostrado ser eficaz y por eso ahora queremos presentar la siguiente acción legal, animándoos a interponerla. La pregunta que todos se hacen tras el Manifiesto es la de ¿y ahora qué?

El problema que tienen las palabras es que se las lleva el viento. Si el canon cae, no es por la campaña de Todos contra el canon, sino por una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Lo que hace falta es el ejercicio efectivo de los derechos, porque las voces ya sobran cuando comienzan a ser sospechosas de su vacuidad e impostura: el que sabe no habla y el que habla no sabe.

El procedimiento que ofrecemos es gratuito y no cabe condena en costas. Consiste en denunciar ante Europa los abusos que estamos sufriendo de manos de los sucesivos gobiernos en el campo de la propiedad intelectual. No lo decimos nosotros, nos lo dice el informe de la Comisión Nacional de la Competencia que ha salido a la luz pública ayer, y que para los que nos dedicamos a la propiedad intelectual ha supuesto una cura de humildad porque nos ha demostrado lo poco que sabemos. Si bien ese Informe es la base y el fundamento de nuestra denuncia, tenemos otra razón, que nos da un ilustre jurista, John Rawls, quien en su Teoría de la Justicia señalaba lo siguiente:

“La responsabilidad no recae en los que protestan, sino en aquellos cuyo abuso de poder y de autoridad justifica tal oposición, porque emplear el aparato coercitivo del Estado para mantener instituciones manifiestamente injustas es una forma de fuerza ilegítima a la que los hombres tienen derecho a resistir”.

Para interponer la denuncia basta con que rellenéis la plantilla que se halla en los enlaces que señalamos más abajo. En la misma figuran las instrucciones. Sólo os costará un paseo a una oficina de Correos y el importe de una carta certificada.

Lo verdaderamente importante de la Red es cuando cristaliza en el territorio físico. Si no ejercemos nuestros derechos mediante acciones legales y simplemente gritamos, siempre seremos víctimas del poder.

David Bravo y Javier de la Cueva, abogados.

Plantilla en formato .doc

Plantilla en formato .odt

Fuente: www.filmica.com

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Ene 11 2010

España: En la Ley de Propiedad Intelectual los jueces no pintan prácticamente nada

Categoría: derechosadmin @ 21:36

El viernes pasado adelantamos las bases de la Ley de Economía Sostenible pocas horas antes de que se aprobase en el Consejo de Ministros, y que permite el cierre de sitios web sin autorización judicial previa. Por aquel entonces todo lo que se escribió en el ámbito nacional al respecto se basaba en filtraciones del texto, por lo que era posible caer en el error de sacar conclusiones precipitadas. No es el caso.

Ya se puede consultar el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible y salta a la vista que las cosas no han cambiado en esencia, y los jueces siguen sin pintar nada. Tendrán una participación casi nula en el proceso, y no darán el veredicto final, que recaerá en la vía administrativa y la Comisión de Expertos creado por el Ministerio de Cultura.

Aquí podríamos especificar en qué casos se vulnera la propiedad intelectual: enlaces a otros sitios, contenido alojado, afán de lucro etc. Ahora es mucho más sencillo: es la Comisión de ámbito administrativo la que decide si una web vulnera el Copyright o no, al margen de lo que indique la ley, y pasando por encima de los derechos fundamentales. En este punto, la Comisión solicitará al responsable de la página la retirada del contenido. Si no hay reacción, se solicitará en una segunda ocasión, y aquí el autor de la web podrá presentar alegaciones.

Los reclamos se presentarán en forma de careo ante un juez. La parte demandante será representada por los propietarios de los derechos de autor, un fiscal de la acusación, y un responsable de la Administración. Por otro lado, el demandado. Es un 3 contra 1. Esto es – en mi opinión- que tres poderes con recursos de todo tipo se enfrentarán a un usuario de a pie, y es fácil entrever quién ganará el proceso. Es aquí donde quien debería decir la última palabra y aplicar la ley, no podrá hacerlo.

Al juez no se le permitirá participar en el fondo del asunto y aplicar la ley al respecto; no se le preguntará si el contenido de dicha web infringe los derechos de autor. Sólo se le preguntará si el hecho de obligar a retirar el contenido que la Comisión considera fraudulento, o cerrar el sitio, vulnera los derechos fundamentales recogidos en el artículo 20 de la Constitución: libertad de información y opinión entre otros.

Se trata de una simple consulta que surge a raíz del cierre, no del hecho de cerrar el sitio en sí. Y todo este proceso se completaría en un plazo máximo de sólo 4 días. En caso de que el cierre de la web sea efectivo, presumiblemente (y es presumiblemente porque el texto ni detalla el proceso al completo, ni es definitivo), el responsable del sitio podrá agotar las vías de recursos disponibles legalmente, lo que implica mucha paciencia, un tiempo que puede prolongarse durante años, y un arrojo de capital en abogados que un usuario de a pie no puede permitirse.

En las últimas horas muchos titulares de medios españoles están cambiando; en vez de indicar “Aprobada la Ley que permite el cierre de páginas web sin autorización judicial” ahora apuntan “Aprobada la Ley que permitirá cerrar webs con autorización judicial”.

Estos retoques en los titulares son correctos, pero no apuntan a la realidad del asunto. Vamos a ver si tenemos un punto crucial muy claro: la ley indica que el juez dice si es o no un atentado contra los derechos y libertades fundamentales el cierre de una web bajo orden de una comisión administrativa, pero NO dice si el sitio vulnera los derechos de autor, punto de que decide la Comisión Administrativa a su antojo.

Si la Ley de Economía Sostenible está pensada para proteger los derechos de autor, ¿por qué no se aplica la ley en este ámbito y se permite a un juez que decida lo que es y lo que no es legal, en base a las leyes en vigor? Porque lo que falla es el modelo de negocio, no la ley. Y es más poderoso, rápido y fácil prohibir y censurar, en vez de adaptarse a los tiempos que corren ya que así, los poderes superiores y los intereses de unos pocos sobreviven al margen de la ley. Esta es la realidad. Que hay que frenar la piratería, sí. Pero pisoteando otras leyes, no.

La puesta en marcha del ahora mismo Anteproyecto de Ley implica la modificación de otras leyes, y se realizará por trámite parlamentario y a través del Senado. Mientras, el gobierno no para de decir que los internautas podemos estar tranquilos, una frase verbal y no especificada por escrito en ningún reglamento, cuando hay un texto muy claro que indica que cualquier web alojada en España o que sea visible desde España pueda bloquearse o cerrarse, empezando por Google.

La comunidad internauta española se encuentra ahora mismo en pleno debate de lo que considera el regreso de una dictadura, mientras expertos de todos los ámbitos -favorables o no al texto- aseguran la nula eficacia de la Ley de Economía Sostenible, puesto que si se consigue cerrar una web, al momento nacerá otra.

Fuente: www.fayerwayer.com

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Ene 07 2010

El Gobierno Español intenta censurar Internet aprovechando la Ley de Economía Sostenible

Categoría: derechosadmin @ 21:35

Los Ministerios de Economía (Salgado) y Cultura (Sinde) intentan “colar” en la Ley de Economía Sostenible enmiendas a las leyes de Propiedad Intelectual (LPI) y de Impulso de Sociedad de la Información (LISI) para implantar la censura administrativa en Internet.

La FFII hispana se opone tajantemente a que se cambie la ley para abrir el melón que permita a cualquier gobierno español poder, por decisión administrativa y sin proceso judicial pleno, ejercer la censura administrativa por causas no mayores (como el copyright). Consideramos dichos cambios más propios de involuciones a regímenes totalitaristas, que de un país que hace pocas décadas apostó por recorrer la senda de la democracia.

La Constitución Española de 1978 garantiza a los ciudadanos el derecho a publicar libremente y sin censura en cualquier medio. También a que no se espíen sus comunicaciones privadas. Ambos derechos, recogidos en sus Artículos 20 y 18, están en riesgo de ser obviados y violados en virtud de un falsamente pretendido derecho superior: el de copyright.

Las presiones, que tienen su principal origen en los distintos gobiernos estadounidenses para beneficiar a su potente industria de contenidos, no pueden ser óbice para que el Gobierno Español se salte a la torera las garantías constitucionales de los ciudadanos, en este caso, en Internet.

Las webs españolas tienen el derecho constitucional de informar, y por tanto, enlazar, a donde consideren, indistintamente de si gusta más o menos a los gobiernos de turno de este u otros estados, así como a los diferentes intereses mediáticos, políticos, religiosos, económicos o de cualquier otra índole. La única salvedad sólo han de ser las tres causas mayores incluidas en la Ley 56/2007: protección de la infancia, apología del terrorismo y defensa de la privacidad.

En la legislación y jurisprudencia españolas existen actualmente suficientes medidas y prácticas judiciales para que se cierren de forma muy rápida (2 ó 3 meses) webs o servicios de Internet que infrinjan la Ley. Sin embargo, dichas medidas son consideradas “insuficientemente rápidas” (!) por aquellos que pretenden censurar Internet arbitrariamente en base a decisiones gubernamentales o diplomáticas.

La realidad, sin embargo, es el hecho de que todos los juicios que hasta la fecha se han celebrado en España en los que se pedía el cierre de una web por enlaces supuestamente ilícitos, han sido perdidos por los demandantes de dichos cierres, y aquellas webs que preventivamente se habián cerrado, con aparejado escarnio mediático incluso espoleado por la propia administración, han vuelto a reabrirse por estar realizando una actividad totalmente legal.

Por otra parte, es absolutamente incongruente que los ciudadanos españoles estén obligados a pagar un “canon compensatorio” por su derecho a la copia privada y que se pretenda censurar a los medios de información (incluyendo webs) por el hecho de ayudarles a ejercer ése su derecho por el que pagamos religiosa e indiscriminadamente toda la sociedad.

Es más, dicho “canon compensatorio” presenta importante incongruencias, como tasar indiscriminadamente a todos los principales medios que permiten el desarrollo de la sociedad de la información y de las industrias innovadoras tecnológicamente, así como tasar también indiscriminadamente a las personas jurídicas, entidades a las que ya se les retiró tal derecho de copia privada que anteriormente sí ostentaban.

Fuente: www.rebelion.org

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Dic 22 2009

España: petición de datos sobre P2P a operadoras fue desestimada por ley

Categoría: derechosadmin @ 04:54

Este caso no es aislado en España; no es primero, ni será el último. Guarda bastante relación con lo que comentamos del bloqueo de sitios web, y que no es más que lo que ocurre cuando ciertos asuntos llegan a manos de la justicia.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado la solicitud de la productora y distribuidora Milcap Group S.L. a tres operadoras proveedoras de servicios de internet (Telefónica, Jazztel y Orange) para que identifiquen a los usuarios detrás de sus respectivas direcciones IP que la empresa acusa de intercambiar ilegalmente películas mediante sistemas P2P, infringiendo así los derechos de autor.

Pues claro. ¿Cómo no va a desestimar un juez una solicitud bajo el pretexto que se trata de un caso de actividad ilegal, cuando el compartir es legal? Además, el secreto de las comunicaciones está garantizado constitucionalmente.

Pero el asunto va más allá. ¿Cómo se presentó la demanda? ¿Se denunció a algunos usuarios solamente? (Y cómo supo que eran esos usuarios, sin violar el secreto de las telecomunicaciones) ¿O tal vez demandó a todos los millones de abonados de ADSL que hay en España, para así asegurar el tiro?

Este es un ejemplo más de porqué ciertos sectores de la sociedad pretender utilizar la vía administrativa pasando por encima de la vía judicial. Y este debería ser el ejemplo a seguir en el futuro. En España, gran parte del contenido audiovisual viene acompañado de un spot con el eslogan “Ahora, la ley actúa”, y que pretende frenar la piratería. Pues en este caso, efectivamente la ley actúa, porque el compartir no es piratería.

Fuente: www.fayerwayer.com

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Dic 17 2009

España: Algunas comunidades autónomas dan la espalda al proyecto gubernamental Escuela 2.0

Categoría: Generaladmin @ 20:35

Sin dejar el hilo de lo que explicamos ayer sobre lo que ocurre en Valencia con este tema, recientes acontecimientos han sacado a relucir un asunto que no es ni nuevo ni parece que pueda frenarse, y es que la libertad que da el Gobierno español a las comunidades autónomas del país provoca un efecto contrario al que posiblemente querría el Gobierno central en el plan Escuela 2.0.

Hace algunos días el Gobierno anunció que, dentro de este plan, había llegado a un acuerdo con Microsoft para que la compañía ofreciese licencias anuales de software a un precio muy por debajo del mercado. Bajo mi punto de vista, de esta forma, Microsoft se garantizaría que los alumnos de hoy, con los portátiles del Gobierno y el software de Microsoft, serían los usuarios de Windows, Office y similares de mañana.

Al plan Escuela 2.0 se puede acoger cualquier comunidad autónoma que lo desee, a sabiendas de que, calculando globalmente, el Gobierno solo subvenciona entre un 25% y un 45% del costo por comunidad, y es ésta la que debe pagar el resto. Si a esto se le suma el hecho de que ya es sabido que además de lo que vende Microsoft hay otras alternativas de software, y no solo más económicas, sino totalmente gratuitas, podríamos decir que aquí hay algo que no encaja.

En España, cuando la digitalización de las escuelas era un proyecto para muchos años, muchos se dieron cuenta de que no convenía depender de un único sistema. Como la economía de las comunidades autónomas depende del Gobierno Central, y a este lo que pedían les sonaba a chino y además no ofrecía alternativas, tuvieron que buscar una opción y encontraron un perfecto aliado llamado Linux.

Así pues, ahora mismo, la comunidad de Extremadura usa su propia distribución llamada Linex; en Andalucía, Guadalinex, y en Catalunya su propia distribución Linkat está a punto de ver la luz de forma oficial; son solo 3 ejemplos, pero hay más. Linux se usa en España en muchas regiones no solo a nivel educativo, sino a nivel adminstrativo y gubernamental, y es más: son los propios gobiernos autonómicos los que fomentan y patrocinan el uso de Linux para casi todo.

Ante un panorama así que hace años que está implantado… ¿que ocurre cuando sale el Gobierno central y ofrece portátiles con Windows para todo aquel que lo pida? Pues que simplemente, muchas autonomías le dan la espalda porque están satisfechos con lo que tienen, pueden adaptarlo a sus necesidades, y además, no les cuesta nada de dinero.

Fuente: www.fayerwayer.com

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Dic 04 2009

La trampa semántica

Categoría: Generaladmin @ 21:29

El anuncio de la Ley para pagar sosteniblemente a nuestros amiguetes ha tenido consecuencias inesperadas.

La primera ha sido la revuelta más interesante, potente y bonita que ha habido en nuestra internet en varios años. Están siendo unos días emocionantes. De esta primera consecuencia salimos beneficiados.

La segunda, más sútil, beneficia al Estado. Por cómo se ha planteado la ley se está debatiendo en unos términos que no nos convienen nada. La gran marea ciudadana grita, enfurecida, «cerrar páginas webs compete a los jueces», y no nos falta razón. Pero analicemos profundamente lo que estamos diciendo. El Estado quiere poder para cerrar páginas que infrinjan derechos de autor y quiere poder para saltarse el Estado de derecho básico, ignorar la separación de poderes propia de la democracia y ejercer ese derecho de cierre desde un órgano completamente dependiente del parlamento.

Y, ¿qué responde la gente? La gente responde «ese poder es cosa de los jueces». Parece que si el cierre lo medita un juez, nuestros derechos fundamentales son menos vulnerados. Y resulta que se está debatiendo el limitar (seriamente) la libertad de expresión para defender la restricción de copia. ¿Nos hemos vuelto locos?

No: ni con jueces ni sin jueces, equiparar la infracción de derechos de autor con comportamientos delictivos graves (no daré ejemplos) me parece descomunal. Descomunalmente equivocado, quiero decir.

—-
Como ejercicio para hoy les hago una pregunta: ¿cuánto tiempo hace que no leen la Declaración de independencia del ciberespacio? No dejen de leerlo ahora mismo, antes que pase más tiempo. Dice cosas como ésta:

Vuestros conceptos legales sobre propiedad, expresión, identidad, movimiento y contexto no se aplican a nosotros. Se basan en la materia. Aquí no hay materia.

y ese final…

Crearemos una civilización de la Mente en el Ciberespacio. Que sea más humana y hermosa que el mundo que vuestros gobiernos han creado antes.

Leyendo lo que el Estado tiene que ofrecer a internet, la proclamación que Barlow hiciera allá por 1996 es más válida y necesaria que nunca. Háganse el favor de leerla, son solo tres minutos.

Fuente: www.versvs.net

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Dic 04 2009

Revuelta en internet logra hacer cambiar de opinión al gobierno de España

Categoría: derechosadmin @ 20:56

En España están bastante revueltas las aguas después de que la Unión Europea permitiera cortar internet a quienes realizan descargas ilegales sin autorización judicial. En este país, la cosa se puso peor aún, después de que el gobierno preparara un acta que permitiría además bajar sitios web completos en caso de violación a los derechos de autor.

Usando Google Wave (hay gente que sí le da una utilidad), un grupo de periodistas, bloggers y otros creadores de contenido compusieron un “Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet“, afirmando que “los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos”, como la privacidad, seguridad, presunción de inocencia, protección judicial efectiva y la libertad de expresión.

El manifiesto se multiplicó rápidamente por internet, causando que al día siguiente (ayer jueves), la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, organizara una reunión con expertos en internet y quienes firmaron el manifiesto.  La reunión fue narrada vía Twitter en tiempo real por los participantes, y terminó sin acuerdos.

Por la tarde, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió con González Sinde y con miembros de partidos, luego de lo cual el mandatario aseguró que revisará el proyecto de ley, y que “no se va cerrar ninguna página web ni ningún blog”.

La pelea se ha centrado en el hecho de que sea un órgano administrativo y no uno judicial el que decida la “bajada” de un sitio web. Otro punto, que aún queda abierto a discusión, es cuándo se considerará que un sitio viola la propiedad intelectual (por ejemplo, si FayerWayer enlaza a algún sitio que puede tener contenido protegido, ¿estará violando también las reglas?).

Más allá de esto, es destacable cómo a través de la web se ha logrado llegar hasta los gobernantes, haciendo que se discuta un tema en el que muchas veces los gobiernos toman decisiones sin saber demasiado bien de qué es lo que están hablando. La ministra de Cultura ha sido puesta en tela de juicio, y ya hay gente que pide su dimisión a raíz de este caso, mientras que Rodríguez Zapatero deberá buscar una solución viable a este conflicto.

Fuente: www.fayerwayer.com

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