Una nueva decisión judicial avala la legalidad de las páginas de enlaces a películas o música. En esta ocasión ha sido la Audiencia Provincial de Madrid la que ha dado la razón al juez que decidió archivar una causa contra la página CVCDGO. Contra la decisión no cabe ya recurso.

En agosto de 2005, la policía detuvo a cuatro personas en Málaga, Sevilla y Madrid y desmantelaba su página web. En CVCDGO aparecían enlaces P2P a películas. La denuncia había partido de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) por un presunto delito contra la propiedad intelectual. Sin embargo, el juez de primera instancia que llevó el caso lo archivó al no apreciar delito alguno. La industria recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid. Su auto, conocido ayer, confirma el archivo.

En el auto, los tres magistrados argumentan que “desde antiguo se ha producido el préstamo o cesión de libros, películas, música, etc. La diferencia actual consiste, fundamentalmente, en que el soporte empleado antes era el papel o medios analógicos y ahora todo lleva un formato digital”.

Tras considerar probado que la página no contenía los archivos en sí y sólo meros enlaces a los ordenadores de particulares, también destaca que no hay ánimo de lucro. La existencia de anuncios en la página no debe entrar en la categoría punible.

Aviso a la ministra

El auto también hace acopio de otras sentencias judiciales que van en la misma línea que la mantenida ahora. En otro punto, recuerda una sentencia pionera en EEUU contra el primer intento de crear una ley contra Internet.

“Con esta ya son ocho las decisiones judiciales firmes que avalan la legalidad de estas páginas”, explica el abogado Carlos Sánchez Almeida, cuyo bufete llevaba la defensa del caso. Para Almeida, la Justicia está mandando un claro mensaje al Gobierno: “Los jueces están marcando a la ministra González Sinde la línea roja que no debe cruzar”, asegura. Para él, “los jueces han tomado partido por la libertad en Internet.

Fuente: publico.es

¿Fotos de la comunión de tu sobrino? Paga canon. ¿Un ordenador con Linux? Paga canon. ¿Una impresora con soporte para tarjetas SD? Paga canon. ¿Un reproductor MP3? Paga canon. Discos duros, tarjetas de memoria, productos que puedan grabar algo o en los que se pueda grabar algo…Casi todo viene con canon.

Lo mejor, es que las tiendas que compran discos DVD para venderlos, también pagan canon, y cuando el cliente que compra esos DVD a la tienda, lo paga de nuevo. Todo va a parar a las arcas de la SGAE, porque según ellos, todo soporte digital termina repleto de material sujeto a derechos de autor.

Durante mucho tiempo gran parte de los españoles hemos dicho que el canon era un robo. Ahora, resulta que la SGAE, la que llama a los españoles ladrones por usar la red antes que comprar versiones originales, ha actuado al margen de la ley, y puede que los ladrones al final hayan sido otros.

La abogada del tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Verica Trstenjak, ha dictaminado que el canon que la Sociedad General de Autores y Editores aplica a España es indiscriminado, y que no es compatible con la normativa europea su aplicación a empresas y profesionales que compren los productos con fines claramente diferentes a ser destinados a copia privada. Se refiere, para ser más exactos, a comercios y empresas que adquieran estos productos con el fin de ponerlos a la venta al público.

El punto de partida

La sentencia llega a tras un proceso que desde hace 6 años enfrenta a la SGAE y a la empresa Padawan, a la cual la Sociedad de Autores le viene reclamando una cantidad cercana a los 17.000 euros por compensación por copia privada, algo a lo que desde el primer momento la empresa se negó, elevando el caso a la justicia.

Si bien la normativa europea da amplio margen a cada estado miembro para que aplique en cada caso y a su discreción el canon compensatorio, también indica que debe hacerse de forma equitativa. Así que la pregunta del tribunal español que elevó el debate a Europa, radica en saber si se debería aplicar el canon en todos los casos, o bien solamente en los casos de productos destinados a copia privada.

Debido a que es imposible saber el fin de cada producto, la SGAE aplica el canon en todos los casos, sin excepción. Pero en este caso, los productos son adquiridos para venderlos, así que se podría decir que el establecimiento no debe pagar el canon por unos productos que va a vender, que no a usar para copia privada.

Esta forma de interpretar la ley por parte de Europa se extiende a todas las empresas y administraciones públicas que desde hace años han tenido que pagar el canon por productos que no iban destinados a la copia privada.

Lo mejor de esta historia es que la opinión del Tribunal Europeo habla del canon en general, y no sobre el canon del caso de la tienda que elevó la queja a nivel europeo. Por lo tanto, se tilda el canon de la SGAE en toda su extensión de indiscriminado, y ahora será el Tribunal de Justicia español el que debería dictaminar una sentencia que eliminaría el canon de la SGAE.

Reacciones

Hasta ahora, el 90% de las opiniones del Tribunal Europeo han sido consideradas como de peso determinante en el momento de aplicar sentencias locales en cada país de la Unión.

Las reacciones en España no se han hecho esperar. Se habla de que en España, en caso de una sentencia firme que tilde el canon de la SGAE de ilegal, podría gatillar una reforma de la ley, además de abrir la puerta a reclamar daños y perjuicios al Estado. Las asociaciones de internautas pedirán a los partidos políticos la eliminación del canon en su totalidad durante el trámite de la Ley de Economía Sostenible. Algunas administraciones locales ya han iniciado los trámites reclamando a la SGAE el reintegro al completo del canon satisfecho durante los últimos años. La SGAE por su parte, no ha hecho ninguna declaración al respecto... de momento.

Fuente: fayerwayer

El viernes, el proyecto de ley fue aprobado por el gobierno y enviado al Parlamento para su discusión, lo que causó la indignación de los internautas españoles.

La ley permitirá el bloqueo de sitios webs que permitan descargas de contenidos protegidos por derechos de autor, sin necesidad de una autorización judicial, permitiendo de esta forma que los grandes lobbys de empresas decidan que sitio puede estar online y cual no, despojando a los internautas de cualquier derecho o libertad que puedan tener.

A modo de respuesta, los internautas enviaron una carta a los ministros de Cultura de los 27 países de la Unión Europea, en la que se invita a las autoridades a participar en los eventos de protesta que se realizarán el 30 y 31 de marzo fuera del Congreso de la Industria Cultural organizado por la Cámara de Comercio en Barcelona.

“Conscientes de que posiblemente hayan dejado fuera de su Congreso a la comunidad creativa y a la ciudadanía debido a la apretada agenda de los ministros, los ciudadanos hemos querido paliar esta laguna creando un evento paralelo: el (D’) Evolution Summit“, señala la misiva.

Asimismo, algunos blogs han vuelto a publicar el Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales de Internet, y mantenido el cierre voluntario de sitios enlazando sus blogs a http://www.noalcierredewebs.com/

Todavía no hay fecha para la discusión de la iniciativa, pero está claro que los internautas no se van a quedar de brazos cruzados.

Fuente: www.fayerwayer.com

Varapalo (y van unos cuantos) extraordinario para la SGAE (a quien se condena en costas) en una sentencia del Juzgado mercantil número 7 de Barcelona que además de desestimar la demanda contra la web “Elrincondejesus.com”, avanza varios peldaños explicando que, “En sentido amplio”, dice el juez, “el sistema de enlaces constituye la base misma de Internet y multitud de páginas y buscadores (como Google) permiten técnicamente hacer aquello que precisamente se pretende prohibir en este procedimiento, que es enlazar a las llamadas redes P2P”.
La sentencia establece que las webs de enlaces como la desarrollada por el demandado se limita a ofrecer la posibilidad de descarga a través de una red P2P pero “no supone ni distribución, ni reproducción, ni comunicación pública de las obras sujetas a propiedad intelectual, ya que es un mero índice que facilita la búsqueda en redes de intercambio de archivos P2P mediante el sistema de menús, carteles o portadas con títulos de películas u obras musicales”.

Además, el juez va más allá, al afirmar que “las redes P2P, como meras redes de transmisión de datos entre particulares usuarios de Internet, no vulneran derecho alguno protegido por la Ley de Propiedad Intelectual”.

Casi nada. ¿Cuántas veces más tendremos que ver en los telediarios noticias sobre el cierre de páginas web P2P consideradas legales en todas las sentencias? ¿Cuántas legales van a cerrarse cautelarmente? ¿Hasta cuándo se van a aceptar demandas de este tipo aún a sabiendas de como terminarán? ¿Para qué sirve la Lista de Sinde en estas circunstancias? ¿Establecerá la Comisión de Cultura parámetros legales distintos de estas sentencias para cerrar páginas web?

Fuente: www.theinquirer.es

La Disposicion Final Primera de la LES nos está negando el futuro.

Red SOStenible y La Quadrature du Net denuncian como ayer la presidencia europea española ha dirigido al consejo de la Unión Europea un documento en el que se equiparan a la brocha gorda la pedofilía, la propaganda fundamentalista y xenófoba y la vulneración de la propiedad intelectual.

El documento ha provocado indignación dentro del Consejo por su claro cariz propagandista y por el evidente intento de justificar a nivel europeo, a través de la burda criminalización, las operaciones de apoyo incondicional a los lobbies de la industria cultural que España quiere llevar a cabo dentro de su territorio a través de la DF1 de la LES.

Mientras ayer la ministra de cultura Ángeles González Sinde dejaba caer que “no hay novedades”, indicando asi como ya no hay intencion por parte del gobierno de revisar la redacción de la DF1, Presidencia enviaba al Consejo este documento que, con tonos apocalípicos, habla textualmente de Internet como de un “instrumento de retroceso social” y acaba pidiendo directamente a los países si pueden boquear paginas de Internet.

Según manifiesta el letrado barcelonés Josep Jover, autor de la vía prejudicial europea en tema del Canon Digital y que el próximo día 4 de Marzo llevará al Tribunal de Luxemburgo el caso SGAE/TRAXTORE, “en toda Europa se cuestionan las formas y modos, fuera de toda racionalidad, que se han querido imponer por el gobierno y las entidades de gestión españoles”. Tanto es así que, en un acto nada usual, el propio Tribunal Europeo ha ordenado suspender motu proprio todo procedimiento sobre canon digital.

España ya vivió la Inquisición una vez: oscurantismo y vasallaje

La disposición final primera de la LES nos está negando el futuro.

En los últimos meses, la sociedad civil española, en una masiva prueba de madurez y de inteligencia democrática ha estado trabajando sin cesar para ofrecer al gobierno soluciones y una salida consensuada para fomentar un Internet ético y beneficioso para todos (véase Manifesto y Red SOStenible).

Frente a la grave situación en la que se encuentra el país, vemos con asombro como el gobierno, tras un primer loable esfuerzo de apertura con la primera modficación de la DF1 de la LES, ahora, presa del pánico, repliega hacia los viejos sistemas conocidos e ineficaces de apoyo a las multinacionales mas inmovilistas, devastando las posibilidades de recuperación que ofrecería potenciar de forma inteligente las nuevas opciones ofrecidas por el desarrollo digital e Internet.

Cuando, entre 2006 y 2008, la ciudadania denunciaba masivamente la burbuja inmobiliaria, el gobierno hizo oídos sordos en favor de los lobbies de la construcción. De ahí esta crisis anunciada.

Ahora el respeto y la comprension de las opciones que ofrece Internet como instrumento de progreso social son la salida de la crisis.

El gobierno hacen oídos sordos en favor de los lobbies de la industria cultural.

Además, esta situación latente está precipitada por la invasiva presión por parte de los lobbies privados de la industria de EEUU (la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA que agrupa a Association of American Publishers (AAP), Business Software Alliance (BSA), Entertainment Software Association (ESA), Independent Film & Television Alliance (IFTA), Motion Picture Association of America (MPAA), National Music Publishers’ Association (NMPA) y la Recording Industry Association of America (RIAA) )a través de su recientemente publicado Special 301 Report, un informe que estigmatiza como “pirata” a toda la sociedad española.

Este informe, con un tono paternalista y poco respetuoso de las leyes que riguen nuestro país, como si de una colonia se tratara, indica el camino a seguir: textualmente da la LES por descontada afirmando que es un primer paso y apremia a hacer más.

La actitud de vasallaje del gobierno es particularmente grave por los siguientes motivos:

• Como refleja de forma muy exhaustiva y documentada un informe de la prestigiosa organización Consumer International, la política estadounidense en este sentido mantiene una doble moral: el rigor que exigen a sus “aliados” no es el mismo que practican en su propio país, ya que la aplicación del “fair use”, vigente en su legislación, permite muchas más excepciones al “copyright” de las que permiten las legislaciones europeas con, por ejemplo, el derecho a copia privada y otros derechos.
• La industria del entretenimiento made in USA hizo presión a favor del informe 301 para defender su mercado. Pero los intereses de la industria cultural española son justamente que cese el monopolio de la industria americana y que se equilibren las cuotas de mercado.
• Como queda claro por los recientes acontecimientos, España y Europa no son los interlocutores de EEUU para la recuperación económica, son solo vasallos, mercados. La mirada de EEUU está en Asia.

Ceder a las presiones de los lobbies para complacer a EEUU es sencillamente un suicidio. España, cuya legislación en este momento es la más avanzada de occidente cuanto a posibilidades de desarrollo hacia nuevas formas de copyright, pierde la posiblidad histórica de liderar la transformación europea hacia una nueva economía basada en las opciones del nuevo desarrollo digital y de Internet.

Otros países con más inteligencia en la recuperación como Brasil o Islandia ya lo están haciendo.

La Disposición Final Primera de la LES nos está negando el futuro.

Derechos fundamentales: Derecho a un progreso económico beneficioso para todos y no sólo para multinacionales y lobbies

“Se considera que solamente el “autor”, a saber, el creador, ya sea hombre o mujer, como individuo o como grupo de personas, de producciones científicas, literarias o artísticas(…), pueden ser los beneficiarios de la protección de los “intereses materiales” (Art. 15, párrafo 1 (c),). Bajo los regímenes de protección de los tratados internacionales existentes, las personas jurídicas también están incluidas entre los ostentadores de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, como se puede ver arriba, sus derechos, al ser de diferente naturaleza, no pueden protegerse al nivel de los derechos humanos”.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU [GE.06-40060 (E) 020206)

Es inminente la presentación del informe preliminar de la subcomisión parlamentaria consultiva con respecto a Propiedad Intelectual.

En el redactado en discusión vemos con preocupación como no se dirime la ambigüedad promovida por ciertos sectores de tratar la propiedad intelectual equiparándola con los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Confiamos en el debate que se está llevando a cabo dentro de de la subcomisión, una comisión que representa el espectro del parlamento, para que refleje cuanto está siendo manifestado por parte de la ciudadanía, la Fiscalía, la Comisión Nacional de Competencia, el Supervisor Europeo para la Protección de los Datos e incluso de la ONU entre otros, cuando dicen que la justa y necesaria defensa de los legítimos derechos de los autores puede ser llevada a cabo sin socavar los derechos fundamental.

Confiamos en que los partidos sepan reconducir la problemática hacia un desarrollo beneficioso económica, social y culturalmente para todos dentro del marco de los nuevos retos de la era digital.

En este sentido la ciudadanía está poniendo marcha varias iniciativas.

Red SOStenible reitera que es necesario escuchar a la sociedad civil. La sociedad civil de la era digital tiene los instrumentos para que sus votos no sean desperdiciados y desea una relación con sus diputados de colaboración constante, no cada 4 años.

La ciudadanía digital tiene memoria.

Y es capaz de demostrarlo.

fuente:  red-sostenible.net

Con esta frase del Tao Te Ching quisiéramos David Bravo y Javier de la Cueva invitar a los ciudadanos a compartir con nosotros una acción jurídica contra el Estado español por vulneración de la normativa comunitaria.

El informe publicado ayer “Sobre la gestión colectiva de los derechos de la propiedad intelectual” de la Comisión Nacional de la Competencia, manifiesta con total rotundidad que España podría estar infringiendo el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por permitir que las entidades de gestión (SGAE, AGEDI, etc.,) realicen una explotación abusiva de su posición dominante. El informe asegura que esto es así porque puede entenderse que es precisamente la Ley de Propiedad Intelectual española “la que hace factible que las entidades de gestión adopten o puedan adoptar de forma reiterada comportamientos abusivos de su posición de dominio”.

Con la intención de que España cese en la conducta presuntamente infractora que se describe en ese informe, hemos redactado la correspondiente denuncia que ponemos a disposición de todos los ciudadanos que quieran sumarse a su interposición.

La invitación a la ciudadanía a participar en acciones legales libres utilizando la Red, nació el 30 de agosto de 2003 cuando se puso a disposición de todos unos procedimientos libremente utilizables. El primero de ellos se dirigió contra el canon en los soportes digitales, hoy pendiente de sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Si bien fueron muchas las voces que se alzaron contra el canon, pocas personas decidieron luchar jurídicamente contra el mismo, a pesar del procedimiento fácil y gratuito del que se disponía.

Posteriormente y tras la sentencia de Ladinamo, nacieron los procedimientos en defensa del Copyleft y somos líderes mundiales en resoluciones favorables. Luego llegaron las webs de enlaces, con la liberación de la nota para la vista de las medidas cautelares contra Sharemula y la liberación que ahora estamos llevando a cabo en favor de nuestros compañeros abogados y sus clientes de los escritos que hemos utilizado en su defensa. Después, vino la contestación de la Revista Cultural Quimera a la demanda de la SGAE que fue utilizada por la defensa de la CNT para obtener una sentencia absolutoria en la demanda que le interpuso tal entidad.

El método ha demostrado ser eficaz y por eso ahora queremos presentar la siguiente acción legal, animándoos a interponerla. La pregunta que todos se hacen tras el Manifiesto es la de ¿y ahora qué?

El problema que tienen las palabras es que se las lleva el viento. Si el canon cae, no es por la campaña de Todos contra el canon, sino por una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Lo que hace falta es el ejercicio efectivo de los derechos, porque las voces ya sobran cuando comienzan a ser sospechosas de su vacuidad e impostura: el que sabe no habla y el que habla no sabe.

El procedimiento que ofrecemos es gratuito y no cabe condena en costas. Consiste en denunciar ante Europa los abusos que estamos sufriendo de manos de los sucesivos gobiernos en el campo de la propiedad intelectual. No lo decimos nosotros, nos lo dice el informe de la Comisión Nacional de la Competencia que ha salido a la luz pública ayer, y que para los que nos dedicamos a la propiedad intelectual ha supuesto una cura de humildad porque nos ha demostrado lo poco que sabemos. Si bien ese Informe es la base y el fundamento de nuestra denuncia, tenemos otra razón, que nos da un ilustre jurista, John Rawls, quien en su Teoría de la Justicia señalaba lo siguiente:

“La responsabilidad no recae en los que protestan, sino en aquellos cuyo abuso de poder y de autoridad justifica tal oposición, porque emplear el aparato coercitivo del Estado para mantener instituciones manifiestamente injustas es una forma de fuerza ilegítima a la que los hombres tienen derecho a resistir”.

Para interponer la denuncia basta con que rellenéis la plantilla que se halla en los enlaces que señalamos más abajo. En la misma figuran las instrucciones. Sólo os costará un paseo a una oficina de Correos y el importe de una carta certificada.

Lo verdaderamente importante de la Red es cuando cristaliza en el territorio físico. Si no ejercemos nuestros derechos mediante acciones legales y simplemente gritamos, siempre seremos víctimas del poder.

David Bravo y Javier de la Cueva, abogados.

Plantilla en formato .doc

Plantilla en formato .odt

Fuente: www.filmica.com

Ya se puede consultar el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible y salta a la vista que las cosas no han cambiado en esencia, y los jueces siguen sin pintar nada. Tendrán una participación casi nula en el proceso, y no darán el veredicto final, que recaerá en la vía administrativa y la Comisión de Expertos creado por el Ministerio de Cultura.

Aquí podríamos especificar en qué casos se vulnera la propiedad intelectual: enlaces a otros sitios, contenido alojado, afán de lucro etc. Ahora es mucho más sencillo: es la Comisión de ámbito administrativo la que decide si una web vulnera el Copyright o no, al margen de lo que indique la ley, y pasando por encima de los derechos fundamentales. En este punto, la Comisión solicitará al responsable de la página la retirada del contenido. Si no hay reacción, se solicitará en una segunda ocasión, y aquí el autor de la web podrá presentar alegaciones.

Los reclamos se presentarán en forma de careo ante un juez. La parte demandante será representada por los propietarios de los derechos de autor, un fiscal de la acusación, y un responsable de la Administración. Por otro lado, el demandado. Es un 3 contra 1. Esto es – en mi opinión- que tres poderes con recursos de todo tipo se enfrentarán a un usuario de a pie, y es fácil entrever quién ganará el proceso. Es aquí donde quien debería decir la última palabra y aplicar la ley, no podrá hacerlo.

Al juez no se le permitirá participar en el fondo del asunto y aplicar la ley al respecto; no se le preguntará si el contenido de dicha web infringe los derechos de autor. Sólo se le preguntará si el hecho de obligar a retirar el contenido que la Comisión considera fraudulento, o cerrar el sitio, vulnera los derechos fundamentales recogidos en el artículo 20 de la Constitución: libertad de información y opinión entre otros.

Se trata de una simple consulta que surge a raíz del cierre, no del hecho de cerrar el sitio en sí. Y todo este proceso se completaría en un plazo máximo de sólo 4 días. En caso de que el cierre de la web sea efectivo, presumiblemente (y es presumiblemente porque el texto ni detalla el proceso al completo, ni es definitivo), el responsable del sitio podrá agotar las vías de recursos disponibles legalmente, lo que implica mucha paciencia, un tiempo que puede prolongarse durante años, y un arrojo de capital en abogados que un usuario de a pie no puede permitirse.

En las últimas horas muchos titulares de medios españoles están cambiando; en vez de indicar “Aprobada la Ley que permite el cierre de páginas web sin autorización judicial” ahora apuntan “Aprobada la Ley que permitirá cerrar webs con autorización judicial”.

Estos retoques en los titulares son correctos, pero no apuntan a la realidad del asunto. Vamos a ver si tenemos un punto crucial muy claro: la ley indica que el juez dice si es o no un atentado contra los derechos y libertades fundamentales el cierre de una web bajo orden de una comisión administrativa, pero NO dice si el sitio vulnera los derechos de autor, punto de que decide la Comisión Administrativa a su antojo.

Si la Ley de Economía Sostenible está pensada para proteger los derechos de autor, ¿por qué no se aplica la ley en este ámbito y se permite a un juez que decida lo que es y lo que no es legal, en base a las leyes en vigor? Porque lo que falla es el modelo de negocio, no la ley. Y es más poderoso, rápido y fácil prohibir y censurar, en vez de adaptarse a los tiempos que corren ya que así, los poderes superiores y los intereses de unos pocos sobreviven al margen de la ley. Esta es la realidad. Que hay que frenar la piratería, sí. Pero pisoteando otras leyes, no.

La puesta en marcha del ahora mismo Anteproyecto de Ley implica la modificación de otras leyes, y se realizará por trámite parlamentario y a través del Senado. Mientras, el gobierno no para de decir que los internautas podemos estar tranquilos, una frase verbal y no especificada por escrito en ningún reglamento, cuando hay un texto muy claro que indica que cualquier web alojada en España o que sea visible desde España pueda bloquearse o cerrarse, empezando por Google.

La comunidad internauta española se encuentra ahora mismo en pleno debate de lo que considera el regreso de una dictadura, mientras expertos de todos los ámbitos -favorables o no al texto- aseguran la nula eficacia de la Ley de Economía Sostenible, puesto que si se consigue cerrar una web, al momento nacerá otra.

Fuente: www.fayerwayer.com

La FFII hispana se opone tajantemente a que se cambie la ley para abrir el melón que permita a cualquier gobierno español poder, por decisión administrativa y sin proceso judicial pleno, ejercer la censura administrativa por causas no mayores (como el copyright). Consideramos dichos cambios más propios de involuciones a regímenes totalitaristas, que de un país que hace pocas décadas apostó por recorrer la senda de la democracia.

La Constitución Española de 1978 garantiza a los ciudadanos el derecho a publicar libremente y sin censura en cualquier medio. También a que no se espíen sus comunicaciones privadas. Ambos derechos, recogidos en sus Artículos 20 y 18, están en riesgo de ser obviados y violados en virtud de un falsamente pretendido derecho superior: el de copyright.

Las presiones, que tienen su principal origen en los distintos gobiernos estadounidenses para beneficiar a su potente industria de contenidos, no pueden ser óbice para que el Gobierno Español se salte a la torera las garantías constitucionales de los ciudadanos, en este caso, en Internet.

Las webs españolas tienen el derecho constitucional de informar, y por tanto, enlazar, a donde consideren, indistintamente de si gusta más o menos a los gobiernos de turno de este u otros estados, así como a los diferentes intereses mediáticos, políticos, religiosos, económicos o de cualquier otra índole. La única salvedad sólo han de ser las tres causas mayores incluidas en la Ley 56/2007: protección de la infancia, apología del terrorismo y defensa de la privacidad.

En la legislación y jurisprudencia españolas existen actualmente suficientes medidas y prácticas judiciales para que se cierren de forma muy rápida (2 ó 3 meses) webs o servicios de Internet que infrinjan la Ley. Sin embargo, dichas medidas son consideradas “insuficientemente rápidas” (!) por aquellos que pretenden censurar Internet arbitrariamente en base a decisiones gubernamentales o diplomáticas.

La realidad, sin embargo, es el hecho de que todos los juicios que hasta la fecha se han celebrado en España en los que se pedía el cierre de una web por enlaces supuestamente ilícitos, han sido perdidos por los demandantes de dichos cierres, y aquellas webs que preventivamente se habián cerrado, con aparejado escarnio mediático incluso espoleado por la propia administración, han vuelto a reabrirse por estar realizando una actividad totalmente legal.

Por otra parte, es absolutamente incongruente que los ciudadanos españoles estén obligados a pagar un “canon compensatorio” por su derecho a la copia privada y que se pretenda censurar a los medios de información (incluyendo webs) por el hecho de ayudarles a ejercer ése su derecho por el que pagamos religiosa e indiscriminadamente toda la sociedad.

Es más, dicho “canon compensatorio” presenta importante incongruencias, como tasar indiscriminadamente a todos los principales medios que permiten el desarrollo de la sociedad de la información y de las industrias innovadoras tecnológicamente, así como tasar también indiscriminadamente a las personas jurídicas, entidades a las que ya se les retiró tal derecho de copia privada que anteriormente sí ostentaban.

Fuente: www.rebelion.org

La Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado la solicitud de la productora y distribuidora Milcap Group S.L. a tres operadoras proveedoras de servicios de internet (Telefónica, Jazztel y Orange) para que identifiquen a los usuarios detrás de sus respectivas direcciones IP que la empresa acusa de intercambiar ilegalmente películas mediante sistemas P2P, infringiendo así los derechos de autor.

Pues claro. ¿Cómo no va a desestimar un juez una solicitud bajo el pretexto que se trata de un caso de actividad ilegal, cuando el compartir es legal? Además, el secreto de las comunicaciones está garantizado constitucionalmente.

Pero el asunto va más allá. ¿Cómo se presentó la demanda? ¿Se denunció a algunos usuarios solamente? (Y cómo supo que eran esos usuarios, sin violar el secreto de las telecomunicaciones) ¿O tal vez demandó a todos los millones de abonados de ADSL que hay en España, para así asegurar el tiro?

Este es un ejemplo más de porqué ciertos sectores de la sociedad pretender utilizar la vía administrativa pasando por encima de la vía judicial. Y este debería ser el ejemplo a seguir en el futuro. En España, gran parte del contenido audiovisual viene acompañado de un spot con el eslogan “Ahora, la ley actúa”, y que pretende frenar la piratería. Pues en este caso, efectivamente la ley actúa, porque el compartir no es piratería.

Fuente: www.fayerwayer.com

Hace algunos días el Gobierno anunció que, dentro de este plan, había llegado a un acuerdo con Microsoft para que la compañía ofreciese licencias anuales de software a un precio muy por debajo del mercado. Bajo mi punto de vista, de esta forma, Microsoft se garantizaría que los alumnos de hoy, con los portátiles del Gobierno y el software de Microsoft, serían los usuarios de Windows, Office y similares de mañana.

Al plan Escuela 2.0 se puede acoger cualquier comunidad autónoma que lo desee, a sabiendas de que, calculando globalmente, el Gobierno solo subvenciona entre un 25% y un 45% del costo por comunidad, y es ésta la que debe pagar el resto. Si a esto se le suma el hecho de que ya es sabido que además de lo que vende Microsoft hay otras alternativas de software, y no solo más económicas, sino totalmente gratuitas, podríamos decir que aquí hay algo que no encaja.

En España, cuando la digitalización de las escuelas era un proyecto para muchos años, muchos se dieron cuenta de que no convenía depender de un único sistema. Como la economía de las comunidades autónomas depende del Gobierno Central, y a este lo que pedían les sonaba a chino y además no ofrecía alternativas, tuvieron que buscar una opción y encontraron un perfecto aliado llamado Linux.

Así pues, ahora mismo, la comunidad de Extremadura usa su propia distribución llamada Linex; en Andalucía, Guadalinex, y en Catalunya su propia distribución Linkat está a punto de ver la luz de forma oficial; son solo 3 ejemplos, pero hay más. Linux se usa en España en muchas regiones no solo a nivel educativo, sino a nivel adminstrativo y gubernamental, y es más: son los propios gobiernos autonómicos los que fomentan y patrocinan el uso de Linux para casi todo.

Ante un panorama así que hace años que está implantado… ¿que ocurre cuando sale el Gobierno central y ofrece portátiles con Windows para todo aquel que lo pida? Pues que simplemente, muchas autonomías le dan la espalda porque están satisfechos con lo que tienen, pueden adaptarlo a sus necesidades, y además, no les cuesta nada de dinero.

Fuente: www.fayerwayer.com