ACTA significa “Anti-Counterfeiting Trade Agreement” que podría traducirse como “Acuerdo Comercial de Contra la Falsificación”. Parece un burocrático y lejano tratado de negocios, sin embargo de imponerse el marco legal que promueve, serán afectados sensiblemente aspectos de nuestra vida cotidiana, incidiendo sobre nuestros derechos y sobre nuestras libertades.
Ya en 2008 muchas agrupaciones que seguían de cerca el acuerdo advertían que ACTA pretendía:
- Solicitar a los Proveedores de Servicios de Internet que monitorearan todas las comunicaciones de sus usuarios.
- Obstaculizar el uso justo de materiales con copyright.
- Criminalizar a quienes compartiesen archivos en internet usando programas Peer To Peer (P2P).
- Limitar el acceso a medicamentos de bajo costo.
¿A quiénes afecta?
Si bien el ACTA es un acuerdo amplio, que incluye desde falsificación de marcas y bienes físicos hasta patentes sobre medicamentos, un área sobre la cual el tratado demuestra especial interés es la de la propiedad intelectual en el ámbito digital: la distribución en Internet y las tecnologías de la información
.
Por esta razón ACTA nos afectará a todos, en especial a usuarios de computadoras e internet, pero también, como mencionamos, a quienes se benefician con los medicamentos genéricos fabricados a bajo costo, cuando un estado por razones de salud pública decide desconocer una patente o exigencias de los laboratorios (se trataría de comprometerlos a no ignorar ninguna patente).
En internet, se verán perjudicados quienes compartan contenidos por P2P, o quienes realizen remezclas a partir de contenidos obtenidos de la web, o quienes hagan periodismo ciudadano desde un blog recogiendo contenidos de los medios, para citar algunos ejemplos. En general, afectará a todos aquellos que nos beneficiamos de una red abierta y neutral que permite el libre flujo de la información.
Afectará la libertad de expresión, porque muchos usuarios quedarán expuestos a eliminación arbitraria de cuentas en los diversos servicios ofrecidos en la red (por ejemplo una cuenta en Flickr o Blogger), o incluso provocar desconexiones masivas de internet, por un proceso administrativo realizado y evaluado por el proveedor del servicio, es decir un privado, sin intervencion judicial previa.
Las empresas que den conexión a internet, u ofrezcan servicios en la red donde los usuarios suban contenidos, se les asignará esta función policial, en la medida que deseen mantenerse al margen de las demandas legales. Entonces, también afectará nuestra privacidad, porque para ejercer un control efectivo sobre un volumen tan grande de datos, los usuarios estarán más expuestos a un permanente monitoreo.
Pero el tratado no se limita a internet cuando se refiere a las tecnologías de la información: una persona cruzando una frontera con su palm o notebook podría ser acusada de contrabando si las autoridades aduaneras encontrasen archivos o programas fuera de regla (para lo cual además deberán requisar el contenido, es decir, otro atropello a la privacidad).
¿A quiénes beneficia?
A las industrias de contenido, que pretenden mantener su modelo de concentración y explotación monopolística sobre los bienes culturales a cualquier precio, actitud que es rechazada hasta por artistas famosos.
A los “dueños” de las redes físicas (las telefónicas) que persiguen la eliminación de la neutralidad de Internet, para transformarla en un servicio semejante a los “pay per view” (pagar por ver), para lo cual es fundamental controlar y limitar significativamente la libertad de circulación de la información.
Y finalmente… a los estados, una lectura más suspicaz sobre las consecuencias del tratado revela un hecho evidente: las mismas herramientas que se utilizarán para localizar un usuario que comparte archivos por p2p, se podrán usar para obtener la fuente de información de un periodista, o la identidad de quien publicó un texto o un video comprometedor para el poder.
¿Por qué es secreta?
Ante los pedidos realizados a la administración Obama (a raíz de su compromiso de campaña de mayor transparencia, y a que Estados Unidos es el principal impulsor del ACTA) para que hiciera públicas las negociaciones, su administración llegó a contestar, que se trataba de asunto de “seguridad nacional”.
Se realizaron y se realizan muchos intentos por exigir a los gobiernos que abran al público las negociaciones ¿Por qué tanto secreto? no cabe duda que tratándose de medidas que afectarán el interés público, el secreto sólo sirve cuando se negocia en contra de la ciudadanía, cuando el gobierno del estado no es del pueblo, ni por el pueblo, ni para el pueblo…
¿Quién controla el ACTA?
Como el ACTA es un acuerdo ejecutivo entre gobiernos negociado en secreto, la incidencia del control parlamentario es relativa en esta instancia, reservándole un rol sólo consultivo. Las estados que lideran las negociaciones son el G8 (El grupo de los 8 países mas poderosos), es decir, se realizan en forma unilateral, para establecer un marco legal concreto que luego otros países más vulnerables a las presiones “voluntariamente” podrán adherir, pero ya sin posibilidad de modificarlo.
Por esta razón el proceso se lleva a cabo por fuera de otras instituciones internacionales que tradicinalmente han negociado acuerdos sobre estas áreas, al menos en forma más o menos abierta y multilateral, como la OMPI, la OMC o la ONU.
¿Qué podemos hacer?
Informarnos de nuestros derechos, no dejarnos avasallar, difundir el tema, firmar las cartas y petitorios en contra, agregar banners a nuestros blogs, presionar sobre los políticos, sumarnos, contribuir o crear organizaciones sociales que resistan estos atropellos: asociaciones de internautas, organizaciones defensoras de derechos digitales, partidos pirata, organizaciones de la cultura libre, entre otras.
Y vale la pena plantearse no consumir la música, películas o videos de los grandes monopolios del entretenimiento que son los mismos que presionan a los estados para convertirte en un criminal. Hay un modelo alternativo de cultura que en vez de restringir y castigar, se basa en la libertad de crear, recrear, copiar y compartir: la cultura libre.
Fuente: www.derechoaleer.org
El nuevo impuesto tecnológico entró en vigor desde hoy en toda la República Argentina.
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