El viernes pasado adelantamos las bases de la Ley de Economía Sostenible pocas horas antes de que se aprobase en el Consejo de Ministros, y que permite el cierre de sitios web sin autorización judicial previa. Por aquel entonces todo lo que se escribió en el ámbito nacional al respecto se basaba en filtraciones del texto, por lo que era posible caer en el error de sacar conclusiones precipitadas. No es el caso.
Ya se puede consultar el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible y salta a la vista que las cosas no han cambiado en esencia, y los jueces siguen sin pintar nada. Tendrán una participación casi nula en el proceso, y no darán el veredicto final, que recaerá en la vía administrativa y la Comisión de Expertos creado por el Ministerio de Cultura.
Aquí podríamos especificar en qué casos se vulnera la propiedad intelectual: enlaces a otros sitios, contenido alojado, afán de lucro etc. Ahora es mucho más sencillo: es la Comisión de ámbito administrativo la que decide si una web vulnera el Copyright o no, al margen de lo que indique la ley, y pasando por encima de los derechos fundamentales. En este punto, la Comisión solicitará al responsable de la página la retirada del contenido. Si no hay reacción, se solicitará en una segunda ocasión, y aquí el autor de la web podrá presentar alegaciones.
Los reclamos se presentarán en forma de careo ante un juez. La parte demandante será representada por los propietarios de los derechos de autor, un fiscal de la acusación, y un responsable de la Administración. Por otro lado, el demandado. Es un 3 contra 1. Esto es – en mi opinión- que tres poderes con recursos de todo tipo se enfrentarán a un usuario de a pie, y es fácil entrever quién ganará el proceso. Es aquí donde quien debería decir la última palabra y aplicar la ley, no podrá hacerlo.
Al juez no se le permitirá participar en el fondo del asunto y aplicar la ley al respecto; no se le preguntará si el contenido de dicha web infringe los derechos de autor. Sólo se le preguntará si el hecho de obligar a retirar el contenido que la Comisión considera fraudulento, o cerrar el sitio, vulnera los derechos fundamentales recogidos en el artículo 20 de la Constitución: libertad de información y opinión entre otros.
Se trata de una simple consulta que surge a raíz del cierre, no del hecho de cerrar el sitio en sí. Y todo este proceso se completaría en un plazo máximo de sólo 4 días. En caso de que el cierre de la web sea efectivo, presumiblemente (y es presumiblemente porque el texto ni detalla el proceso al completo, ni es definitivo), el responsable del sitio podrá agotar las vías de recursos disponibles legalmente, lo que implica mucha paciencia, un tiempo que puede prolongarse durante años, y un arrojo de capital en abogados que un usuario de a pie no puede permitirse.
En las últimas horas muchos titulares de medios españoles están cambiando; en vez de indicar “Aprobada la Ley que permite el cierre de páginas web sin autorización judicial” ahora apuntan “Aprobada la Ley que permitirá cerrar webs con autorización judicial”.
Estos retoques en los titulares son correctos, pero no apuntan a la realidad del asunto. Vamos a ver si tenemos un punto crucial muy claro: la ley indica que el juez dice si es o no un atentado contra los derechos y libertades fundamentales el cierre de una web bajo orden de una comisión administrativa, pero NO dice si el sitio vulnera los derechos de autor, punto de que decide la Comisión Administrativa a su antojo.
Si la Ley de Economía Sostenible está pensada para proteger los derechos de autor, ¿por qué no se aplica la ley en este ámbito y se permite a un juez que decida lo que es y lo que no es legal, en base a las leyes en vigor? Porque lo que falla es el modelo de negocio, no la ley. Y es más poderoso, rápido y fácil prohibir y censurar, en vez de adaptarse a los tiempos que corren ya que así, los poderes superiores y los intereses de unos pocos sobreviven al margen de la ley. Esta es la realidad. Que hay que frenar la piratería, sí. Pero pisoteando otras leyes, no.
La puesta en marcha del ahora mismo Anteproyecto de Ley implica la modificación de otras leyes, y se realizará por trámite parlamentario y a través del Senado. Mientras, el gobierno no para de decir que los internautas podemos estar tranquilos, una frase verbal y no especificada por escrito en ningún reglamento, cuando hay un texto muy claro que indica que cualquier web alojada en España o que sea visible desde España pueda bloquearse o cerrarse, empezando por Google.
La comunidad internauta española se encuentra ahora mismo en pleno debate de lo que considera el regreso de una dictadura, mientras expertos de todos los ámbitos -favorables o no al texto- aseguran la nula eficacia de la Ley de Economía Sostenible, puesto que si se consigue cerrar una web, al momento nacerá otra.
Fuente: www.fayerwayer.com
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